Marco Antonio Ferriz Z.
A la crisis de seguridad pública que existe en Tlaxcala, se suma una crisis de procuración de justicia. Lo que sucedió en el caso del joven a quien las autoridades médicas lo califican con muerte cerebral, debido presuntamente a una golpiza propinada por elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es un hecho que desnuda esa crisis.
A una tragedia se le sumó otra tragedia. Es decir, dos tragedias en un solo caso, a raíz de la desaparición de la joven Ana Laura López Loaiza, originaria del municipio de Huamantla. Su pareja o su ex pareja sentimental, a quien se le iba a investigar por esa desaparición, fue declarado con muerte cerebral.
No es que esté muerto, pues puede respirar a través de un respirador, sin embargo, puede permanecer en coma durante muchos años y nunca recuperar el conocimiento.
Por lo pronto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya radicó el número de expediente CEDH/PVG/43/2022 por presuntas violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, así como violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, en contra del director operativo de la Policía de Investigación y de los policías de investigación que ejecutaron la detención.
La PGJE admitió, a través de un comunicado de prensa, la responsabilidad de sus elementos. Más claro no puede estar la situación: “La Procuraduría inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por las lesiones que presentó el imputado en el momento en que se ejecutó la orden de aprehensión en su contra. En este momento, los servidores públicos implicados, se encuentran rindiendo su declaración a efecto de deslindar responsabilidades”.
Lo anterior desnuda lo siguiente: que en la Procuraduría sigue presente la brutalidad, la tortura para sacar declaraciones de las personas implicadas dentro de algún expediente legal.
No existe, entonces, ninguna diferencia entre la Procuraduría de los tiempos del ex gobernador Mariano González Zarur, y la de hoy, en el gobierno encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros.
Habría que recordar que Alicia Fragoso Sánchez, la ex titular de la PGJE, cuenta con una denuncia penal interpuesta en su momento por el ex director de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez, por incurrir en actos de tortura para inculpar a siete ex oficiales en la comisión de delitos de secuestro exprés en enero de 2015.
De la denuncia interpuesta han pasado al menos cuatro años y nada se sabe de su avance. De la denominada “Fiscal de Hierro” menos aún. Eso es reflejo de la impunidad por la que varias comunidades del estado deciden hacer justicia por su propia mano, y no esperar a investigaciones eternas que muchas veces, por decisiones políticas, no tienen conclusión.
¿Acaso entonces el avance y captura de una persona implicada en el asesinato del ex diputado panista Omar Milton López Avendaño fue una casualidad o una instrucción política?
La procuradora Ernestina Carro Roldán mucho tiene que explicar. Es probable, sin embargo, que no lo haga. Por más que pretenda ocultarlo, ha mostrado incapacidad en el cargo que ahora mismo ocupa, al igual que su compañero de gabinete, el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Maximimo Hernández Pulido. Por eso la crisis.
