Marco Antonio Ferriz Z.
La última ocasión que en Tlaxcala se registró un aumento a la tarifa del pasaje fue en diciembre de 2017, hace cuatro años y medio. En aquella ocasión, el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez autorizó un incremento de 6.50 a 7 pesos la parada mínima, que comprende de uno a seis kilómetros, más 10 centavos por cada kilómetro adicional.
Ese aumento representó un 7.69 por ciento, es decir, por arriba de la tasa de inflación registrada en aquel año, que estuvo poco arriba del 6 por ciento, la más alta del último lustro. La última ocasión en que se había registrado un incremento, antes de ese año, fue en 2013, en los tiempos de Mariano González Zarur.
Lo anterior da cuenta de lo difícil que significa para un gobierno una autorización de ese tipo, sobre todo porque representa un desgaste político que bien puede reflejarse en quejas y reclamos para el gobernante el turno. Eso puede traducirse en contra en una elección constitucional.
Sabiéndolo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros dejó escapar una espléndida oportunidad para autorizar un incremento a la parada mínima del transporte público. Este miércoles, el gabinete lorenista sufrió su primera baja verdaderamente importante, que se dio en la Secretaría de Movilidad y Transporte con la salida de Luz María Vázquez Ávila.
Más allá de que se conozcan los verdaderos motivos del movimiento en esa Secretaría, debe decirse que Cuéllar Cisneros no aprovechó la coyuntura para responder favorablemente a un sector que en 2021 le respaldó en su búsqueda por llegar a la gubernatura y que cada vez presiona más con demandas de incremento al pasaje.
No era que a los concesionarios se les concedieran los 2 pesos de incremento, pero sí al menos una parte de esa exigencia. Y no era, tampoco, que la noticia la diera la propia gobernadora, sino que la asumiera la funcionaria saliente y se diera a conocer a través de un escueto comunicado de prensa, como ha sido el comportamiento de este gobierno y su vocera.
Al nuevo secretario, Juan Tapia Pelcastre, se le deja una papa caliente, y el gobierno lorenista en su conjunto tendrá que seguir aguantando los embates de sus propios aliados.
Más temprano que tarde la administración estatal tendrá que autorizar el incremento, y la salida de Vázquez Ávila representaba una buena oportunidad para hacerlo.
Lo más probable es que la autorización, si se da este año, sea dentro de un periodo vacacional, que se presenta en julio próximo con el receso escolar, o en diciembre con el festejo de la Navidad y el año nuevo. Hacerlo fuera de esos tiempos ocasionaría un malestar mayor del que seguramente habrá en la sociedad.
Con Marco Antonio Mena la autorización se dio en diciembre, mientras que con Mariano González se presentó en un mes de abril, en plena realización de unas elecciones extraordinarias que le costaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la pérdida de varios municipios y el distrito XIII con cabecera en Calpulalpan, donde jugaba Noé Rodríguez Roldán, entonces aspirante a la gubernatura y cuyo resultado le sepultó cualquier posibilidad para hacerlo.
Rodríguez Roldán nunca fue un político querido por González Zarur, así que la estrategia era dejar fuera de la jugada al calpulalpense . Ahora, a casi 10 años de distancia de ese episodio, lo que Lorena Cuéllar demuestra es una carencia de olfato para deshacerse de un problema que cada vez le crece más. Y si no, que le pregunte a Claudia Sheinbaum, cuya ciudad fue reciente amurallada por las protestas transportistas.
