Adriana Dávila Fernández
Es preocupante escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice que “como cualquier ciudadano” está obligado a denunciar todo acto ilícito, todo intento de fraude, durante el próximo proceso electoral federal del 2021. Vale la pena recordar lo mucho que costó sacar la “mano presidencial” -con todo y la Secretaría de Gobernación- de las elecciones y respetar así el voto de las y los ciudadanos.
Muchas fueron las quejas y los señalamientos sobre intervenciones presidenciales en estos procesos. De ahí que se haya reforzado, a partir de 2007, la no intervención de los gobernantes de ninguno de los tres órdenes de gobierno, ni siquiera opinando, ya que para todo servidor público lo que no está estipulado en la ley en cuanto a sus competencias, funciones y facultades, lo tiene prohibido. Por eso es que el presidente de México no puede considerarse como un ciudadano más que “pueda opinar y ejercer su derecho de manifestación” en esta materia. Desde el punto de vista constitucional, debe abstenerse de participar.
A decir verdad, el primer mandatario no ha dejado de entrometerse en el proceso electoral 2021, incluso antes de tomar la protesta de su encargo. Desde entonces, como él dice, ha sido el “…guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades…”. ¿Será por eso que “libremente” conformó un equipo de trabajo, los “siervos de la Nación”, quienes levantaron un censo -con fines de clientela electoral- para otorgar programas sociales a sectores muy específicos de la población (jóvenes y adultos mayores)? ¿Por ello se ha dedicado a echar culpas a la oposición y desde hace unos meses, a la que ha acusado de tener intereses velados para las próximas elecciones, cuando los únicos intereses electorales son los suyos?
Lo cierto es que solo ha prevalecido su “propia constitución y su interpretación de las leyes”, sus iniciativas a modo -que se convierten en “mandato” para Morena y sus aliados- para repartir a discreción el dinero público, su resentimiento y su rencor, desconociendo las facultades que le otorga la única Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que rige para todas y todos los ciudadanos mexicanos.
Si bien el Ejecutivo reconoce que legalmente corresponde al INE vigilar y organizar las elecciones, insiste en justificar su intervención manifestando que no tendrá ninguna injerencia ni en este órgano ni en el Tribunal Electoral. ¡Qué rápido olvidaron los que fueron oposición ayer, la exigencia de que el presidente en turno ni siquiera podía ‘opinar’ al respecto! No se han cansado de desdeñar la importancia de este organismo en la historia de nuestra democracia; solo se han dedicado a desprestigiar y minimizar su función.
Desde la primera vez que el candidato López Obrador perdió la Presidencia de la República en 2006, se empeñó en desconocer los resultados oficiales del entonces Instituto Federal Electoral; fue constante su intento por desacreditarlo, terminar con la autoridad electoral, con la credibilidad institucional y poner en tela de juicio todas sus resoluciones; es decir, a lo largo de 18 años de campaña, ha cuestionado, criticado, puesto en duda y desafiado a los responsables de los procesos electorales.
Con su triunfo en el 2018, reconocido por esta autoridad electoral federal, aseguró que la venganza no había sido ni sería el motor que detonaría las decisiones del gobierno. Sin embargo, sus acciones se asemejan mucho a represalias autoritarias. En distintas formas y con mensajes diversos, ha buscado imponer su «modelo de autonomía«, consistente en el reparto de cargos a personas cercanas, ligadas, vinculadas y comprometidas con los intereses de su gobierno y la «regeneración institucional», convirtiendo este proceso en un burdo escenario de conflictos de interés. Comprobaremos de qué está hecho este gobierno con la próxima elección de cuatro consejeros electorales, discusión que se dará en breve.
Tal parece que el INE no tendrá un camino fácil en lo que queda de esta administración, puesto que es el enemigo identificado de este sexenio. Ha padecido el recorte del presupuesto 2019 y 2020 para cumplir con lo que la ley le mandata; ha sido cuestionada su autonomía, independencia y efectividad, e incluso ha tenido que denunciar a la Secretaría de Economía (SE) por intentar usurpar sus funciones, al permitir que el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) realice una consulta pública para revisar normas relacionadas con procedimientos electorales, acto en sí mismo violatorio del orden constitucional y la legislación electoral vigente.
El presidente debe estar fuera de la elección. Debe entender que este es un asunto en el que solo participan candidatas y candidatos de partidos políticos, independientes y quienes votan, las y los ciudadanos. Como diría el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, “México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia”.
