Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Estamos a menos de 10 días del proceso electoral con más cargos de representación popular en disputa, y es lamentable que en lugar de hablar sobre propuestas políticas importantes, se tengan que señalar aspectos que han marcado a «las elecciones más grandes de la historia«: la violencia desatada y sin control en contra de candidatas y candidatos, así como la indebida injerencia presidencial, en una clara violación a la norma legal.
Casi a punto de llegar al centenar de asesinatos y sin responsables detenidos, la nota roja en el espacio de las campañas electorales se ha convertido, por desgracia, en una constante que siembra temor entre las y los contendientes por el riesgo que corren al exponer sus ideas.
Aspirar a cualquier cargo constituye un peligro, aunque desde Palacio Nacional se pretendan minimizar los hechos al culpar a los medios de comunicación de ser «amarillistas», como si la información sobre la inseguridad y la violencia pública en los actos de campañas no fuera real o tuvieran que esperar a la luz verde desde el púlpito presidencial para ser difundidas.
Si bien llevamos décadas con hechos violentos y asesinatos, nunca como ahora se han amenazado, secuestrado y balaceado a mujeres y hombres que, al margen de diferencias ideológicas, decidieron enarbolar causas partidistas en beneficio de sus localidades y municipios: muchos han sido los homicidios, cero personas detenidas y los procesos de investigación no son expeditos.
Es triste reconocer que la búsqueda de la confianza de los ciudadanos para contar con su voto el próximo 06 de junio, se ha convertido en una actividad extrema de riesgo.
Y mientras tanto, es evidente que las acciones de los gobiernos federal y estatales de poco han servido para detener esta ola violenta que ha dejado una estela de incertidumbre, dolor y miedo entre contendientes y electores.
Mucho se habla de brindar protección a las candidatas y candidatos que así lo soliciten, cuando la realidad es que los balazos le han ganado el terreno a los abrazos en esa absurda estrategia de seguridad pública que lo único que ha dejado al descubierto es la impunidad con la que se mueven los delincuentes, porque no hay autoridad que los investigue, persiga, capture, presente ante las autoridades competentes, los juzgue y castigue por sus delitos.
Se ha visto que las intenciones presidenciales de «atender las causas que originaron la violencia», van requete mal y solo se han quedado en eso, en un catálogo de buenas intenciones, en la mar de justificaciones y reparto de culpas al período neoliberal, a los conservadores, a los críticos, a los que disienten, para evadir la responsabilidad.
Lo cierto es que la repartición discrecional del dinero público no ha sido ni suficiente ni eficiente, y demuestra la inexistencia de políticas públicas que subsanen la injusticia social, acaben con la pobreza de millones de compatriotas, inhiban el dolor evitable y, en serio, combatan la corrupción.
A la luz de los resultados de dos años y medio de esta administración, queda claro que lo ideal en el pensamiento de este gobierno es incrementar el número de personas en situación de pobreza que sean dependientes de los programas sociales.
El que se autonombró «guardián de las elecciones», en un claro sentido de desafiar el orden constitucional, debiera asumirse como el «guardián de la vida» y dejar de ser indolente e insensible ante la realidad que ha acabado con tantas vidas, no sólo del ámbito político.
Es urgente que deje a un lado su agenda personal de tinte electoral y lleve a cabo verdaderas acciones que garanticen seguridad para la población, en especial los que aspiran a representar a sus municipios, distritos o Estados.
