Marco Antonio Ferriz Z.
Si alguna posibilidad, aunque hubiese sido del uno por ciento, había de que Maximino Hernández Pulido se hiciera de la titularidad de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, esa posibilidad quedó disminuida a cero con sus declaraciones de inicio de semana, cuando responsabilizó a las propias familias de la violencia que hoy se vive en Tlaxcala.
Su declaración dio cuenta de una falta de análisis y una desvergüenza desmedida. En el ánimo de defender a la administración en la que trabaja, su declaración puso al descubierto a un funcionario dispuesto a todo con tal de hacer un deslinde respecto de una responsabilidad que le ha quedado grande.
Hoy Tlaxcala se encuentra dentro de las entidades federativas del país consideradas con menor inseguridad. Antes, sin embargo, se encontraba dentro de las tres primeras.
Poco a poco el estado ha perdido la seguridad pública que antes tenía. Tal vez por su cercanía a la Ciudad de México, a Puebla, a Veracruz o al Estado de México, donde los niveles son altamente superiores a los de Tlaxcala, pero la ha perdido. La culpa proviene de los hogares, donde cada vez más, de acuerdo a Hernández Pulido, se vive más violencia.
En el funcionario, ni por asomo, hubo un mínimo de autocrítica a la actuación de las autoridades federales, estatales y municipales. Ni siquiera puso en contexto los elevados índices de delincuencia en las entidades federativas vecinas, sino que responsabilizó directamente a los hogares tlaxcaltecas.
Habrá de disculpar Maximino Hernández Pulido la aseveración, y la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros la sugerencia, pero un funcionario como él no debería formar parte de esta administración. Y de ninguna otra.
Su declaración oculta su fracaso al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde la gobernadora lo colocó por su experiencia en el tema. Y, sin embargo, parece que los años le pasaron en blanco.
En materia de seguridad, hay un altísimo desgaste por parte de la gobernadora y del gobierno que ella encabeza, de lo cual la propia mandataria es absolutamente responsable.
Y es que, siendo que el problema de inseguridad se encuentra dentro de los tres principales de su administración, no hay ninguna justificación para haber dejado pasar cinco largos meses sin que definiera al sustituto de Alfredo Álvarez Valenzuela, quien, dicho sea de paso, no aparece por ningún lado después de haber abandonado sus funciones debido a una orden de aprehensión en su contra.
Ante lo que aparenta ser un desgano para nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en realidad se esconde el hecho de la imposibilidad de designarlo. Esa designación corresponde directamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.
Ya veremos en quién recaerá el nombramiento y en qué condiciones vendrá la o el próximo titular de la Secretaría de Seguridad. Lo cierto es que el gobierno lorenista no tendrá injerencia. De tenerla, ya habría una decisión.
