Marco Antonio Ferriz Z.
El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y el Congreso del Estado, cada uno desde sus propias funciones y responsabilidades, enfrentan sus propias crisis. Se han convertido en verdaderos muros de lamentos. Veamos.
La administración lorenista ha sido incapaz de mostrar su sororidad a favor de las mujeres, pese a que desde un inicio ese propósito fue parte de su agenda. No son solamente los hechos de represión que policías estatales tuvieron durante una manifestación realizada el pasado 8 de marzo, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sino también la integración del gabinete con un déficit de mujeres en el gabinete.
Bien lo plasmó La Jornada de Oriente en un trabajo periodístico publicado por la periodista Guadalupe de la Luz el 5 de septiembre de 2021: en el gabinete legal y ampliado de la nueva administración estatal 2021-2027 las mujeres apenas representan 30.7 por ciento, al ostentar la titularidad de 16 instituciones y organismos públicos, incluida la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde –ya se adelantaba- estará al frente una persona de este sexo.
Fue también el nombramiento de Alfredo Álvarez Valenzuela como secretario de Seguridad Ciudadana, sobre quien desde 2014 pesaba una investigación en su contra por haber participado en la desaparición de una persona cuando fue jefe de la policía de Acapulco, Guerrero. Se supo entonces que también existía una denuncia y carpeta de investigación por hostigamiento sexual cuando laboraba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), como director general adjunto de la Subsecretaría de Migración, Sistema Ferroviario y Robo a Carreteras y Transporte.
Es evidente que ha habido una falta de sensibilidad del gobierno lorenista hacia las mujeres, originado en mucho por un descuido de formas y de fondo en el actuar de varios integrantes del gabinete, señaladamente el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández y, más recientemente, la procuradora General de Justicia, Ernestina Carro Roldán, con la salida de Yeny Charrez Carlos del Centro de Justicia para las Mujeres.
Activista integrante de la asociación civil Mujeres con Poder, Yeny Charrez se ha distinguido por ser una férrea activa defensora de las mujeres. Por eso, el escándalo de su desaseada salida por supuesto que lastima a todos los colectivos feministas.
Sin embargo, lastima también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por una aparente tardía respuesta a su denuncia de despido realizada desde redes sociales. Habrá que ver si la determinación de Charrez Carlos, de acudir directamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no tuvo plan con maña, sobre todo conocido el antecedente de que fue una de las aspirantes a la presidencia del organismo autónomo local y por su mente pasó impugnar a la hoy ombudsperson Jakqueline Ordoñez Brasdefer.
Lo cierto es que este caso refleja con nitidez una insensibilidad gubernamental, por más documento de renuncia que exista, lo cual, por otra parte, es muy probable considerando que en sus inicios el gobierno lorenista apresuró oficios de renuncia de funcionarios para evitar, en todo lo posible, el pago de laudos futuros en caso de despidos.
En el caso del Congreso del Estado, está visto que las legisladoras y los legisladores hicieron una verdadera pantonima en el caso de las cuentas públicas. Para decirlo claro, conformaron una verdadera representación teatral para abrir un espacio a aquellos ex funcionarios públicos de ayuntamientos que por diversas situaciones, algunas de ellas netamente políticas de sus sucesores, no pudieron comprobar con documentación certificada sus egresos.
¿Y para qué entonces las comparecencias ante la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, sabiendo que no habría posibilidad de solventar, en esa supuesta apertura, las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior y no hacer cambios a los dictámenes entregados?
La actual Legislatura ha preferido lavarse las manos, sólo que lo hace con agua sucia y dejando en la impunidad claras estrategias políticas de actuales alcaldes, al dejar en estado de indefensión a quienes concluyeron su responsabilidad en agosto de 2021.
Las diputadas y diputados habrán cumplido su labor fiscalizadora al votar en el Pleno los respectivos dictámenes, sin embargo, seguro sabrán que no lo hicieron en buenos términos sabiendo, primero, que incumplieron una disposición constitucional de plazos. Y segundo, que la posibilidad de impugnaciones está presente con altas posibilidades de progreso, sobre todo porque está claro que existe documentación que por falta de tiempo no fue analizada por el ente fiscalizador.
