Para la Cuarta Transformación, es fundamental valorar y preservar su identidad, sostiene el senador por Morena.
Tlaxcala, Tlax; 1 de noviembre de 2019 (Pulso) El senador por Morena, Joel Molina Ramírez, informó que los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas avalaron hacer un llamado al Ejecutivo Federal y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para que garanticen y promuevan los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas de los estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, en torno a la obra denominada “Proyecto Integral Morelos”.
Indicó que en este dictamen también se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al INPI, para que entreguen un informe sobre el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de violaciones a una consulta previa, libre, informada, y culturalmente adecuada, para este proyecto.
Como miembro de este órgano legislativo, el senador tlaxcalteca sostuvo que, para la Cuarta Transformación, es fundamental valorar y preservar la identidad de los pueblos y comunidades indígenas, lo que incluye, además de sus costumbres y tradiciones, su territorio, que es un elemento importante que da forma y sentido a su raíz.
Por ello, la Comisión de Asuntos Indígenas también aprobó exhortar al Ejecutivo Federal para que garantice y promueva los derechos fundamentales de estos pueblos y comunidades en la consulta relativa al proyecto “Tren Maya”, en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, a fin de que se tomen en consideración los estándares que existen en el ámbito nacional e internacional.
En este dictamen con punto de acuerdo se establece como indispensable y fundamental que las autoridades en todos los proyectos que se desarrollen y estén involucrados pueblos y comunidades indígenas, cumplan con lo estipulado en la Constitución, los instrumentos internacionales y por la Suprema Corte de Justicia.
Además, precisa que se deben observar las recomendaciones de los relatores especiales de las Naciones Unidas (ONU)en materia indígena y las recomendaciones de la CNDH.
