Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
La respuesta del gobierno federal ante su ineptitud y falta de resultados es desviar la atención y ejercer presión electoral mediante el uso indiscriminado y el abuso del poder público para intimidar a todo aquel que esté en contra, difiera o critique los designios que brotan de la cabeza presidencial, que es la que dicta lo que se debe hacer a lo largo y ancho de México. Todo se tiene que mover en torno a su pensamiento, porque para eso tiene el poder… no es gratuito habitar en un palacio.
Nunca como ahora se paga con cárcel, con el linchamiento público y político, la desobediencia, la insubordinación, de quien se atreva a contravenir todo aquello que mandata, ordena y señala quien ayer se sintió perseguido político y hoy usa y abusa de todos los instrumentos de poder por ser el presidente de México, porque él y sólo él se cree que es la Constitución.
La persecución sin tregua al gobernador de Tamaulipas, en una descarada violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, deja un mensaje alarmante: ‘pobre de aquel que se atreva a desafiarme e incluso obtener triunfos electorales el próximo 6 de junio’. Lo importante es crear un escándalo político, con recortes de periódicos para tener entretenida a la opinión pública, y dejar claro -como lo hizo antes de tomar posesión-, quién manda en este país, quién tiene el poder político y quién controla los mecanismos del Estado para amedrentar a quien se le ponga enfrente.
Pero antes del gobernador, persiguió a los críticos del gobierno, a los adversarios políticos, periodistas, intelectuales, médicos, enfermeras, académicos, deportistas, clase trabajadora, campesinos, mujeres, familiares de víctimas fatales. Corren esta misma suerte quienes no se subordinan a la sinrazón del presidente, mediante un sistema de complicidades que interpretan y aplican la ley a conveniencia, aunque se violente el orden constitucional.
En definitiva, a pesar de considerarse admirador de Benito Juárez, es evidente que su justicia es selectiva, pues no es el mismo trato para el adversario que para los que gozan de licencias de impunidad en su partido morenista: desde un senador que aspiraba a ser gobernador de Guerrero, acusado de abuso sexual de cuando menos 5 mujeres (con carpetas de investigación detenidas por decisiones políticas), hasta un diputado poblano, denunciado por drogar y abusar de un menor de edad, o qué decir de la simulación para explicar las supuestas aportaciones de su hermano o los abusos de su prima.
Así debe actuar, con todo el peso de la ley, para fincar responsabilidades en contra del funcionario que hizo un pronóstico ‘muy catastrófico de 60 mil muertes por Covid 19’, y que hoy superan las 200 mil defunciones, porque ese sí es un daño irreparable en contra de la población.
Así debe castigar la ineptitud de los funcionarios que hoy dejan a miles de niñas y niños con cáncer sin sus tratamientos y que además, no han hecho nada para remediar el preocupante desabasto de medicamentos en el sector público.
Así debe perseguir y castigar a los que abusan de mujeres y de niños; a los que roban, a los tratantes de seres humanos, a los que trafican con drogas, armas, a los que asesinan.
Así debe condenar a los responsables de la tragedia del tramo colapsado de la Línea Dorada, pero ni siquiera se insinúa la separación del cargo de nadie, porque son personajes que pertenecen a la clase política que él encabeza y por ello, es necesario crear una nueva narrativa para que todo quede en el olvido.
Ante todas estas arbitrariedades, simulaciones y retrocesos que hoy vivimos, se hace necesaria e inaplazable la defensa del Estado de Derecho, la garantía de nuestros derechos humanos y nuestra libertad. No olvidemos que la participación de las y los ciudadanos es fundamental para lograrlo.
