Marco Antonio Ferriz Z.
Lo que sucede en el Congreso del Estado refleja apenas una parte de lo que ha sido el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros durante su primer año.
La administración lorenista ha sido excluyente no sólo con los suyos, es decir, la militancia morena que creó al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al dejarla fuera de ocupación de cargos dentro de la administración pública. Ha preferido incorporar a grupos claramente arribistas que se subieron, algunos de última hora, a la campaña para la gubernatura durante 2021.
Sus aliados partidistas en esa campaña a la gubernatura también han sido excluidos. Apenas en mayo pasado el ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Piñón Valdivia, renunció a la Dirección de la Comisión Estatal del Agua. Y que se conozca, el Partido del Trabajo (PT) no está incorporado en puestos de gobierno.
Los resultados del proceso interno de Morena en Tlaxcala, en el que fueron elegidas 30 delegaciones nacionales, no hizo sino confirmar esa exclusión y las nuevas alianzas, estas últimas con el sanchezanayismo y el orticismo.
Los grupos internos que encabezan el senador José Antonio Álvarez Lima y la senadora Ana Lilia Rivera Rivera fueron relegados, y hasta cierto punto humillados ante la utilización de las estructuras partidista y gubernamental para afiliar, también de última hora, a votantes que inclinaron la votación hacia los ganadores.
Por eso, ante esa exclusión, lo que sucede en el Congreso del Estado es importante, sobre todo porque los aliados partidistas de campaña tienen vida propia a través de grupos parlamentarios que de ninguna forma pueden ser minimizados.
Es el caso del Partido del Trabajo (PT), al que por ley le correspondería la presidencia de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado, por ser la segunda fuerza política más importante. Ahí mueve sus fichas un petista incómodo para la administración lorenista, Miguel Ángel Covarrubias, quien aspira llegar a esa posición.
El debilitamiento de Rubén Terán Águila es evidente y se ha acentuado en las últimas semanas. Se manifiesta con el tema de las cuentas públicas, donde buscó tirar línea al resto de legisladores y legisladoras, pero hay molestia interna porque el tema puede darles dolores de cabeza con la posible interposición de juicios políticos ante la Cámara de Diputados federal por no haber desempeñado sus funciones y aprobar cuentas públicas en diciembre pasado.
Precisamente hay un grupo de diputadas y diputados locales que, ante el desaseo político con el que actuaron diversos alcaldes hoy en funciones, y la ineficacia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) para exigir la liberación de documentación certificada, trabajan sobre la posibilidad de redactar dictámenes de minoría.
La molestia es evidente en varias ex autoridades municipales, particularmente por el estado de indefensión en el que el Congreso del Estado pretende dejarles. Por eso la pretensión de las solicitudes de juicio político.
En esa coyuntura y río revuelto se ve no sólo la debilidad de Rubén Terán, sino el fortalecimiento de la figura de Miguel Ángel Covarrubias, personaje incómodo para Lorena Cuéllar que se vio reflejado en plena campaña de 2021, al ser sujeto de una grosera agresión política por parte de ella en el distrito electoral por el cual, finalmente, se reeligió.
No es para menos que, entonces, ante la falta de espacios a los aliados en la administración pública estatal, quienes respaldaron la campaña lorenista y que ahora son excluidos busquen espacios propios para crecer políticamente. Es el caso de Covarrubias, que en su actual posición de diputado local busca la postulación a un cargo de elección federal y que puede lograr mediante una nueva alianza en 2024.
