Adriana Dávila Fernández
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, vale la pena comentar la forma en la que éstos han sido utilizados en esta administración, para simular que se defienden, mediante un manejo selectivo de comunicación política, porque lo único importante es hablar y dar seguimiento a todo aquello que incremente la popularidad presidencial.
Los derechos humanos están presentes en nuestro día a día, y sería obligación del gobierno proporcionar a la población derechos básicos de salud, educación, seguridad, desarrollo económico, por mencionar algunos, lo que por supuesto no es de su interés; más bien quiere normalizar el atropello cotidiano de la vida, como «consecuencia» de los errores del pasado «neoliberal y corrupto», sin reconocer sus errores y omisiones, lo que ha derivado en decisiones que han eliminado las políticas públicas.
Baste ver que la autoridad ha olvidado proteger el principal derecho de cualquier persona: la vida. ¿Qué nos indica la realidad en datos? Después de dos años, que se pudo haber evitado un dolor evitable en alrededor de 20 mil infantes, que han llevado a sus padres o tutores a enfrentar una batalla para conseguir reactivos químicos suficientes para sus tratamientos oncológicos.
Ante las quejas interpuestas (más de 10) por la falta de abastecimiento de medicamentos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tenido por respuesta solo el silencio; ninguna resolución ha obligado al gobierno a cumplir con su responsabilidad. Esta institución, que se supone un órgano constitucional autónomo, es hoy referente mundial por acompañar una política de exterminio, impulsada por la actual administración; por renunciar a sus obligaciones para constituirse como instancia permisiva de los abusos y omisiones de la autoridad.
Y éste no es el único atentado contra el derecho a la vida: está también el suministro de medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex, en Tabasco, en donde se decidió comprar medicinas, en nombre del ahorro, y que dejó nueve personas -según reportes oficiales- asesinadas desde el poder público.
No se puede dejar de mencionar el recuento de defunciones en este agonizante 2020. En cuanto a muertes violentas por la indolencia gubernamental para enfrentar la inseguridad pública, se calcula que se terminará el año con más de 40 mil asesinatos, que sumados a los 35,588 de 2019, arroja una escalofriante cifra de más de 75 mil. Es indudable que la estrategia de abrazos a delincuentes, solo ha dejado una estela roja de dolor, duelo y miedo.
Además del innegable retroceso que vivimos las mujeres en lo que se refiere a violencia política en razón de género, preocupa el aumento de los índices de feminicidios (13%), ante la insensibilidad de un gobierno que decide recitar decálogos en lugar de atender demandas. Las mujeres no tienen una instancia -hoy es cuestionable el papel de la CNDH- que las proteja, las escuche y les garantice la defensa de sus derechos.
¿Y qué más se puede decir frente a las 112 mil muertes por Covid 19? Solo acusar la ineficiencia, indolencia y la soberbia de un gobierno rebasado que no procura la vida de las personas.
Lo cierto es que en nombre de un proyecto de cambio y bajo la falacia del «combate a la corrupción», hoy, las libertades se han visto visto atacadas, vulneradas y eliminadas. El trabajo y la lucha por los derechos humanos deben ser progresivos, nunca regresivos, y este gobierno va para atrás; es como si quisiera desaparecer, llevado por el rencor y el resentimiento presidencial, todo lo que se ha logrado y avanzado durante mucho tiempo. El deber de quienes nos desempeñamos como servidores públicos es garantizar la progresividad de esos derechos y esas libertades. No podemos renunciar a esta defensa.
