Marco Antonio Ferriz Z.
Diversas estrategias son las que está utilizando la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para intentar desactivar las movilizaciones que trabajadoras y trabajadores sindicalizados realizan para defender la prestación de sus servicios de salud.
La última de ellas fue desvelada el lunes 7 de agosto cuando se reunió con presidentes municipales para intentar bajar los ánimos de movilización entre los agremiados del Sindicato 7 de Mayo que laboran en los ayuntamientos. El desplegado firmado por 56 de 60 alcaldes es reflejo de ello.
La titular del Poder Ejecutivo actúa con estrategias que, a pesar del tiempo, no han dejado de practicarse entre quienes han ocupado la gubernatura. En este caso, en la coyuntura que es muy probable inicie la próxima semana, utiliza el garrote de las cuentas públicas a cambio de respaldo político por parte de quienes encabezan los ayuntamientos.
En lo que es reflejo de un claro temor, una mayoría de presidentas y presidentes municipales accedieron a firmar un desplegado de apoyo a favor de la gobernadora, que también se reflejará con apoyo de personal para la marcha gubernamental del próximo domingo, en la que el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, se encuentra bastante activo entre las dependencias gubernamentales para azuzar a favor de la marcha.
Sin embargo, en una ignorancia que las autoridades municipales no pueden ocultar, desconocen que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha venido cometiendo una serie de inconsistencias, no se sabe si a propósito o por verdadero descuido. Lo cierto es que éstas inconsistencias pueden ser utilizadas por una mayoría morenista que, a través de su voto en el Pleno del Congreso del Estado, puede castigar o perdonar irregularidades administrativas en los municipios. Por supuesto, a indicaciones de Palacio de Gobierno.
Los periodistas Sergio Enrique Díaz, Edgardo Cabrera y Víctor Hernández Tamayo han revelado algunas de ellas, que vale la pena retomarlas
La invasión de competencias. De acuerdo con la Constitución y la Ley, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la que debe hacer una revisión de los recursos federales, y si bien existe la posibilidad de que lo hagan los órganos locales, la revisión debe hacerse previo convenio de colaboración, lo cual, en este caso, no existe.
Además, en un abuso de atribuciones, el OFS se facultó así mismo promover responsabilidades administrativas o penales por esa auditoría de recursos federales, siendo que tales promociones compete hacerlas solamente a la ASF.
Daño a particulares. En su fiscalización, el OFS ha declarado causantes de daño patrimonial por la presunta inexistencia o simulación de operaciones por parte de empresas particulares. Ha señalado, incluso, casos específicos en los que acusa que diversas empresas no tienen capacidad para otorgar el servicio, no tienen la infraestructura o personal necesario, o no se les encuentran en su domicilio.
La cuestión es que el OFS no tiene ninguna facultad para hacer afirmaciones de ese tipo, pues el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación establece que la única autoridad que puede hacer una declaración de inexistencia o simulación de operaciones es el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Efectivamente, el OFS está entredicho. El problema es que las irregularidades cometidas por el órgano auditor, ya mete en un problema al Congreso del Estado, que en caso de no subsanarlas verá cómo sus dictámenes serán impugnados por varios entes públicos que fueron fiscalizados.
En el caso de las autoridades municipales, la gran mayoría ha decidido vender su alma al diablo. Aspiran al perdón anticipado a cambio de apoyo a una administración estatal que carece de oficio político y estrategia, pues copia malamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, como sucederá el domingo con la marcha.
Así las cosas.
