Marco Antonio Ferriz Z.
Hay dos cosas que destacan de la iniciativa del Presupuesto de Egresos 2022 que presentó al Congreso del estado la titular del Ejecutivo, Lorena Cuéllar Cisneros.
Primera. Los dos últimos gobernadores no aprendieron la lección que en pleno mandato se llevó Héctor Ortiz Ortiz, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio un revés jurídico al resolver que de ninguna forma podía él Ejecutivo recortar las propuestas que los entes públicos hacían en sus peticiones presupuestales.
En todo caso, el órgano facultado para hacerlo es la Cámara de Diputados. Primero a través de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que es la que presenta la iniciativa a la asamblea legislativa. Y segundo, el Pleno, que es el que aprueba o rechaza tal iniciativa y puede modificarla.
Todo ese procedimiento parlamentario tiene que llevarse a cabo, situación que no se hizo con los gobernadores Mariano González Zarur y Marco Antonio Mena Rodríguez al recortar, desde sus iniciativas de presupuesto, las propuestas de los entes públicos. Eso mismo pasó ahora con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Lo anterior no hace sino observa que existe un desprecio al orden jurídico por parte de quienes han despachado, y despacha, en Palacio de Gobierno. Parece que confían demasiado en su poder, que se refleja en la impotencia de los entes públicos al no acudir a la Corte a expresar su inconformidad, a sabiendas que tienen todas las de ganar. Hacerlo representa un desgaste y un posible castigo político, por eso prefieren acudir al Legislativo a expresar sus necesidades presupuestales, pero con mínimas posibilidades de éxito.
Ese ha sido el caso, por ejemplo, del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), órgano autónomo que en los últimos años ha sido castigado en sus presupuestos para enfrentar la organización de elecciones. Los resultados de sus audiencias han sido infructuosos y, en el mejor de los casos, ha tenido que conformarse con ampliaciones presupuestales para solventar sus necesidades económicas.
Para este año, a decir de la presidenta de la Comisión de Finanzas del Congreso local, Guillermina Loaiza Cortero, al menos seis entes públicos han solicitado audiencia, entre los cuales se encuentra el ITE. Ya veremos qué resultados hay, pero no se avizoran sorpresas.
Segunda. La información hasta ahora disponible es que dentro de la iniciativa del presupuesto de egresos 2022, no existe el denominado “fondo moches”, que no es otra cosa más que una bolsa económica de la cual los diputados y diputadas locales pueden disponer a libre albedrío para distribuirlo en los municipios que deseen.
Lo anterior no es sino sinónimo de corrupción y clientela electoral para beneficios personalísimos. Ya lo han demostrado así los mismos legisladores y legisladoras, quienes a través de esos recursos públicos financian sus propias campañas en busca de la reelección o de su pretensión de saltar a otro cargo de elección popular. El caso más reciente lo tuvimos en la pasada Legislatura local.
Sin embargo, si el “fondo moches” no está incluido en la iniciativa del presupuesto, y las diputadas y diputados lo pretenden aprobar para ejercerlo el próximo año, deberán recortar varias partidas propuestas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.
Si la mandataria estatal no quiere un enfrentamiento con quienes integran la actual Legislatura, tendrá que acceder a esas pretensiones. La negociación tendrá que abarcar los rubros en los que la titular del Ejecutivo accederá a la disminución de recursos. Pronto veremos si habrá programas afectados y en qué rubros.
Pero hay otro escenario: es posible que los paganos tengan que ser los órganos autónomos e incluso el Poder Judicial. Porque si lo vemos con objetividad, la propuesta enviada al Congreso local no tiene recortes para ninguno de ellos con relación al presupuesto manejado durante el presente ejercicio fiscal. El menos beneficiado queda igual a los recursos manejados este año.
Lo cierto de todo este escenario que se plantea, es que el asunto del presupuesto es la primera prueba de fuego para la gobernadora. Aquí se verá su fuerza política y su influencia no sólo con los suyos –los integrantes de la bancada morenista-, sino con sus aliados que la acompañaron en la alianza que la llevó a la gubernatura.
Sería una mal precedente para ella verla ceder ante un Congreso que, por el número de curules de la alianza que la apoyó en la elección, se supone aliado suyo.
