Marco Antonio Ferriz Z.
Huele a sospecha. Y eso es decir lo menos cuando en un territorio estatal gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), como lo es Aguascalientes, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detienen al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza.
Mientras, en una administración encabezada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como es el caso de Tlaxcala, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no pudo detener al titular de una dependencia equivalente. La diferencia: algún funcionario del gobierno morenista dio el pitazo para que Alfredo Álvarez Valenzuela se diera a la fuga.
¿Acaso la diferencia en el color de un gobierno puede ser la disimilitud entre que se dé o no se dé una fuga de información para permitir el escape de un funcionario estatal de gobierno? ¿O acaso es el hecho de que el golpe lo recibe una entidad federativa que dentro de unos meses celebrará elección para renovar su gubernatura? Y lo peor: ¿qué esa entidad se encuentre gobernada por un militante ajeno al que gobierna en el ámbito nacional?
En el primer caso, Porfirio Sánchez Mendoza es acusado de tortura, al pertenecer a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y a la policía federal en los tiempos de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal y colaborador cercano a Genaro García Luna. También es señalado por presunto abuso de autoridad y falsedad en declaraciones judiciales y en informes.
En el segundo caso, Álvarez Valenzuela es investigado desde 2014 por presuntamente haber participado en la desaparición de una persona cuando fue jefe de la policía de Acapulco, Guerrero. También en su contra existe una denuncia y carpeta de investigación por hostigamiento sexual cuando laboraba en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como director general adjunto de la Subsecretaría de Migración,
Sobre la detención, el presidente Andrés López Obrador reconoció al mandatario hidrocálido: “Me llamó la atención y lo celebro, la declaración del gobernador diciendo que ellos estaban de acuerdo que lo investigaran (…) Eso es de destacar. Por lo general, se quedan callados o los defienden”.
En Tlaxcala, vale recordar, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros esquivó a los medios de comunicación y decidió que saliera su secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, a emitir una declaración que, a la distancia, se convirtió en una promesa incumplida: investigar a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para ver si ayudaron a Álvarez Valenzuela a evadirse de la acción de la justicia.
Desde noviembre que fue la fuga de Álvarez Valenzuela, el Congreso local ha pospuesto una comparecencia que urge no sólo por una explicación de esos hechos, sino también por la crisis de seguridad por la que atraviesa el estado. Las cosas, en materia de seguridad pública no andan bien y acaso la percepción de los capitalinos es solo el reflejo de lo que también se percibe en el interior del estado.
La mayoría morenista y sus aliados en la actual Legislatura, se han convertido en un dique que ha servido para evitar la transparencia en un tema trascendental. Porque no es sólo la explicación de la fuga y la crisis de seguridad, sino también la forma en que la gobernadora elige y designa a quienes le acompañan en su gabinete.
Eso no es menor. Sin embargo, lo peor es que parece que los legisladores locales no se dan cuenta de ello. Y tampoco la oposición, que se enloda en sus propios pleitos internos.
