Marco Antonio Ferriz Z.
Ratificado por cuatro años más en la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para concluir su nuevo periodo en enero de 2027, Miguel Ángel Tlapale Hernández ha representado bien, hasta ahora, los intereses de quien lo impulsó en la ratificación.
La Constitución Política local establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es una instancia con autonomía técnica para emitir sus resoluciones. En lo hechos, sin embargo, se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, cuyas resoluciones representan los intereses de éste.
Así lo hace ahora con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Así lo hizo en su oportunidad con el ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
Cuando al ex gobernador Marco Antonio Mena le fue útil dejar en el cargo a Edgar Tlapale Ramírez como secretario general del Sindicato 7 de Mayo, a pesar de sus corruptelas ampliamente comprobadas, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje le permitió permanecer en el cargo. Cuando ya no lo fue más, simplemente revocó su nombramiento.
Es así que la dirigencia del Sindicato 7 de mayo permanece acéfala desde mayo de 2022. Más de un año ha durado el conflicto y es posible que pase otros meses en la misma situación. Será así porque Enrique Escobar Cortez, quien ha pretendido ocupar la Secretaría General respaldado por Edgar Tlapale, no ha recibido ninguna toma de nota. Ni la recibirá.
En esa Secretaría General, la gobernadora pretende imponer a Karina Erazo Rodríguez como un pago de facturas políticas a favor del matrimonio Pedro Erazo-Guadalupe Rodríguez, por haberle apoyado en la campaña de 2021 para llegar a la gubernatura. Ese es el origen del conflicto, no otro.
El problema no es para ninguno de quienes encabezan los grupos en disputa dentro del Sindicato 7 de Mayo, sino de la clase trabajadora sindicalizada, que en el último año se ha visto mermada en número y prestaciones.
Si la primera semana de cada mayo era cuando las autoridades anunciaban el incremento salarial para las personas trabajadoras sindicalizadas, ahora puede ser junio o julio. Y no en acuerdo entre el Sindicato y los 3 Poderes, sino sólo el Ejecutivo.
Por eso se presentó esta semana una manifestación en Ciudad Judicial, donde la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mary Cruz Cortés Ornelas, no tuvo de otra que otorgar el incremento de 5.2 por ciento que también se había autorizado en el Ejecutivo.
No se hable de los despidos que ha habido en varios ayuntamientos, entre los cuales destacan Huamantla y Chiautempan por el número de trabajadores dados de baja. Los alcaldes han actuado a plenitud y con total impunidad, sabiendo que no hay sindicato que defienda los intereses de sus agremiados, y en conciencia de que cualquier problema jurídico derivado de esos despidos será heredado a próximas administraciones.
En esas circunstancias, valdría la pena que la base trabajadora de ese Sindicato planteara con seriedad dar su apoyo a un tercer grupo en discordia, pues de continuar las cosas como hasta ahora, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje seguirá en su papel de apéndice del Ejecutivo, dándole palo a Enrique Escobar Cortez.
Comentario: En la mañanera del martes 27 de junio, la Presidencia de la República a través de la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, anunció la extensión por 3 meses más del programa para regularizar los automóviles provenientes del extranjero, el cual concluía este viernes 30 de junio.
El procedimiento de regularización se puede llevar a cabo en 16 entidades federativas, una de las cuales es Tlaxcala.
El trámite de regularización respectivo tiene un costo de 2 mil 500 pesos, pero hasta el momento no se han logrado recaudar los 3 mil 951 millones 992 mil 500 pesos que serán destinados a la pavimentación de calles en municipios ubicados en los estados donde se encuentra vigente el programa.
En la Oficina de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, delegación Tlaxcala, hay una servidora pública que mucho ha contribuido para que el gobierno no alcance su meta económica planteada. Su nombre es María del Carmen Cuauhtle Hernández, quien obstaculiza trámites a personas propietarias que están buscando la regularización de su auto.
En algunos casos, el argumento por ella utilizado es el mismo desde que inició el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros: impedir el trabajo de los denominados “coyotes”, que no son otra cosa que personas gestoras de trámites de aquellas que no pueden realizar la tramitación personalmente.
En otros casos la obstaculización es por la posible existencia de firmas apócrifas, sin llegar a confirmar tal falsificación. Si tales firmas falsas existieran, ya sería la hora de que ella misma levantara denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero no lo hace, sólo obstaculiza. Hay testigos que han presenciado altercados de la funcionaria en plenas horas de oficina y en presencia de largas filas de espera.
Valdría la pena que el gobierno lorenista revisara, a través de su secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, el trabajo de esta trabajadora, que más que servir a las usuarias y a los usuarios, les hace la vida imposible. Y eso, como puede verse, está pegando a la recaudación.
