Marco Antonio Ferriz Z.
Entre desapariciones y resurgimientos, dependiendo el humor de cada gobernante, la Secretaría de la Función Pública ha padecido una falta de continuidad en su existencia legal.
A veces ha sido reemplazada por la Contraloría del Ejecutivo, pero nunca, en ninguna de sus ambivalencias, ha cumplido con el verdadero objetivo de su razón de ser: combatir las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la administración pública, mediante la prevención, fiscalización y promoción de las responsabilidades asociadas con conductas ilícitas.
Mejor ejemplo no puede haber como el de Rubén Domínguez Medel, hasta hace unos días director de transporte en la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Con la anuencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, ese personaje identificado claramente a una organización transportista que la respaldó en su candidatura a la gubernatura del estado, entró en funciones tan luego se fueron cumpliendo compromisos hechos en campaña. Ese fue el motivo de su incorporación a la administración pública estatal, lo que equivale a que su nombramiento estuvo alejado de un estudio serio sobre su perfil profesional.
Lo grave del caso es que los análisis curriculares y antecedentes históricos de muchos quienes ahora mismo forman parte del gobierno lorenista, no existieron. Otro caso grave es el del ex secretario de Seguridad Ciudadana, Alfredo Álvarez Valenzuela, que huyó para evitar una orden de aprehensión. Pero no son los únicos.
Tal vez, para evitarle situaciones incómodas a la gobernadora, en la oficina de prensa de gobierno se ha guardado silencio y algunos movimientos se han conocido más por filtraciones a los medios informativos que por una intención de informar de manera transparente.
Tal comportamiento resulta ofensivo porque atrás de esa estrategia existe, seguramente, la intención de que todo quede en la impunidad. El caso de Rubén Domínguez no debería quedar solo en la destitución, sino en la imputación de responsabilidades por parte de la Secretaría de la Función Pública, las cuales tendrían que llevar a inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.
Hay en este caso un evidente conflicto de interés en el que varios funcionarios de primer nivel están inmiscuidos. Es el caso, sobre todo, del secretario de Educación Pública, Homero Meneses Hernández, quien sabía, y sabe, perfectamente que Rubén Domínguez Medel era un líder transportista que apoyó la causa lorenista para, ya se sabe, hacer negocio una vez incrustado en la administración pública.
Luz María Vázquez Ávila, como secretaria de Movilidad y Transporte es otra responsable. No puede solo argumentar que recibía indicaciones por parte de un mando superior, pues ella como titular de la dependencia debe rendir cuentas sobre la buena marcha de la institución. Y queda claro que esa buena marcha no la hay.
La cuestión más delicada es que dentro de este borlote una persona que viajaba en un autobús incorporado dentro del programa Primero los Maestros, falleció. Y, por si fuera poco, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha guardado un silencio cómplice.
Si la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular es designado por la gobernadora, solapa este tipo de situaciones, entonces no sirve para mucho de lo bueno que desde ahí podría hacerse, sino más bien como tapadera de irregularidades, corruptelas y nepotismos.
En consecuencia, la pregunta es no sólo qué hace la Secretaría de la Función Pública, sino incluso el Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Así como vigila el cumplimiento de ciertos requisitos legales para ocupar un par de cargos dentro de los ayuntamientos, así debería ser estricto en los conflictos de interés que existen dentro de la administración pública estatal.
Que las cosas sigan como antaño significa que el cambio pregonado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es una farsa. No debería sorprender si el antecedente de un nada despreciable porcentaje de la militancia morenista se encuentra en el priismo o en el perredismo, solamente que peor: radicalizado en una crisis intestina conformada por tribus que ahora mismo buscan el poder apertrechados detrás de personajes claramente identificados que buscan la candidatura presidencial.
