Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Después del compás de espera, en el que Morena simuló «reponer» el procedimiento para seleccionar a su abanderado para el gobierno de Guerrero, quedó clara la línea para apaciguar las voces, mayoritariamente de mujeres, que demandaban «un violador, no será gobernador». Y después de las manifestaciones, como muchas lo habíamos previsto y con un cinismo monumental, el denunciado quedó como candidato.
Su triunfo era inminente. Toda la narrativa de ese partido estuvo encaminada a señalar que la candidatura se confirmaría en cuestión de días, crónica de una imposición anunciada. Para comenzar, la resolución del órgano interno de Morena (Comisión de Honestidad y Justicia), antes que nada, dejó intacto el derecho a participar del agresor, pues no lo hizo renunciar al cargo y tampoco inició un procedimiento ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) para inhabilitarlo. En los hechos, el senador con licencia nunca ha dejado de ser el candidato morenista, nunca.
Aunque se hizo alarde de llevar a cabo una encuesta interna, en atención a las voces inconformes -que nadie sabe cuándo ni cómo se aplicó- el desenlace estaba cantado: Félix, autodenominado «toro sin cerca», estará feliz por el apoyo de su fiel defensor, el patriarca de Macuspana y de su partido. Se da una nueva licencia delictiva, pese al escándalo, a las protestas de militantes y legisladoras morenistas, a las manifestaciones feministas, a las denuncias en su contra, a los dichos de las víctimas, insuficientes, en un acto de deshonestidad e injusticia, para siquiera exhortar a una pronta investigación, apegada a derecho, por la autoridad competente.
Nada se hizo. Y en el colmo de la hipocresía, Morena decidió arrancar su campaña sin la definición de un candidato. No se dude en que durante dos meses se tenga una campaña electoral «sin candidato presente», solo para darle vueltas y vueltas al asunto. No hay nada qué hacer mientras el agresor esté en la boleta electoral, salvo que el Instituto Nacional Electoral aplique los lineamientos 3 de 3 contra la violencia.
Los distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión y digitales) han dado cuenta de la indignación, impotencia y malestar de las mujeres por la necedad de apoyar a un impresentable. Es increíble constatar cómo la investidura presidencial, desde que se filtraron las denuncias, se convirtió en el defensor de oficio de un hombre que no ha sido juzgado porque goza de fuero y de la gracia política que le permite transitar con total impunidad.
Después de diversas expresiones, las y los morenistas les dicen a las mujeres de México que tienen derecho a manifestarse, aunque no las escuchemos; están autorizadas a señalar las injusticias, aunque poco importen sus palabras; ustedes pueden buscar romper el pacto patriarcal -aunque pretendamos ignorar a qué se refieren-, pero mantenemos el apoyo al pacto de impunidad; ustedes quieren tener acceso a la justicia para millones de víctimas, aunque esos casos sean politiquería y por eso las ignoramos; ustedes quieren que las escuche el presidente, aunque es más importante resguardar el Palacio Nacional y cuidar nuestra «imagen» ante el mundo. Ustedes pueden quejarse y ni modo, el patriarca es el que manda.
Las mujeres que lo han denunciado, sin duda y con justa razón, hoy temen por su vida y por la de los suyos. Un presunto agresor acumula poder en un estado en el que es palpable la desigualdad. Es una pena corroborar, una vez más, que para este gobierno (hombres y mujeres) solo cuenta «al margen de la ley presidencial nada, por encima de la ley patriarcal nadie».
Las mujeres estamos llamadas a romper con esa barrera de impunidad. La unidad es nuestra fuerza. Que el cubrebocas no calle nuestra voz.
