Tlaxcala, Tlax; 18 de mayo de 2022 (Ariadna Castro) Este miércoles, en el marco de conmemoración de los veinte años de lucha en contra de la normalización de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, así como de la devastación de la cuenca del Atoyac, por parte del “Centro Fray Julián Garcés”, llevó a cabo su informe de actividades anual.
La directora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez Serrano, dio a conocer que Tlaxcala aún padece de la presencia de redes de trata activas tanto a nivel nacional como internacional, así como del tránsito de mecanismos de enganche de jóvenes mediante redes sociales o la reubicación de centros de explotación sexual.
Reprochó que pese a las promesas de las autoridades de trabajar para mejorar las condiciones de las mujeres y evitar este tipo de delitos, no se han tenido avances, pues aún se observan desapariciones de mujeres día a día, siendo Tlaxcala, San Pablo del Monte, Apizaco, Contla, y Papalotla, los municipios dónde mayormente se concentran las desapariciones de mujeres.
Méndez Serrano insistió en que las promesas de campaña por ex candidatos para presidencias municipales, diputados, así como de la gobernadora, no terminan de concretarse, ya que en la pandemia se agudizó la visibilización de la desigualdad en la estructura social y socio ambiental.
Sobre el tema del rio Atoyac, mencionó que la vinculación entre diversas instituciones como la UNAM, la Iberoamericana de Puebla, la Universidad de Chapingo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, han reforzado la demanda ante el Tribunal Permanente de los Pueblos y el Tribunal latinoamericano del Agua, por contaminación del río, falta de saneamiento y la generación de enfermedades crónico- degenerativas.
La activista lamentó que la recomendación 10\2017 no ha tenido los resultados esperados, aunado a que de acuerdo con un estudio el 75 por ciento de muertes, en el estado están vinculadas a la contaminación, gracias a la presencia de níquel, cloroformo, cromo, cianuro, entre otras sustancias nocivas para la salud, que son vertidas por empresas privadas a los mantos acuíferos que circundan en las comunidades.
