Tlaxcala, Tlax; 11 de noviembre de 2020 (Ariadna Castro) Padres de familia de la escuela privada “Francisca Bernal Lezama” que cuenta con jardín de niños y primaria, ubicada en Santa María Texcalac, municipio de Apizaco, denunciaron que directivos del plantel amagaron a los paterfamilias con no aplicar examen a sus hijos si no pagan las colegiaturas a tiempo.
A través de una denuncia anónima hecha llegar a la redacción de Pulso Red, aseguraron que sin el pago se niega el derecho de los menores a ser evaluados, además de que lamentaron que a pesar de la pandemia no se han hecho descuentos por parte de la institución y ahora condicionan el derecho que tienen los menores de edad.
Además, señalaron que los directivos no avisaron previamente de esta decisión y lo hicieron horas antes de la evaluación, lo que perjudicó a varios niños y niñas, pues derivado a la situación económica que se vive actualmente por el COVID-19 muchos padres se retrasaron con el pago.
Asimismo, refieren algunos padres que a pesar de que durante los meses más críticos de la pandemia se les solicitó un descuento, nunca lo hicieron, y algunos padres no les pagaban en sus centros de trabajo completo o los descansaron por varias semanas ello provocó que no contaran con el recurso suficiente para cubrir dicho gasto.
Aseguraron que el derecho a la educación no debe ser negada por nadie y mucho menos ahora, ya que la economía en el estado y el país es sumamente crítica, “en otras instituciones también particulares, sabemos que han dado descuentos y facilidades de pago, no entendemos porque en este caso no”.
Reconocieron que las fechas de pago son los 10 de cada mes, “hoy es 11 de noviembre y por día de atraso, pueden condicionarnos, se nos hace injusto, a la vez violatorio para los pequeños, pues como se dijo en un inicio, si saben que requerían el pago antes de la fecha establecida por tema de evaluación eso se debe avisar con anticipación, no minutos antes”.
Pidieron que en este caso intervenga la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que puedan girar un exhorto a dar facilidades y no negar la educación a ningún niño, sin previamente conciliar el tema de pagos.