Marco Antonio Ferriz Z.
Como cada año sucede con el tema de las cuentas públicas, el Congreso del estado enfrenta una crisis ocasionada por la dictaminación de los estados financieros de los entes fiscalizables. Esa crisis apenas empieza, pero es muy posible que en unas semanas más le explote a los legisladores, dependiendo del manejo que hagan de la información que este viernes será entregada por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
El martes pasado, el pleno del Congreso local aprobó una serie de lineamientos que establecen, entre cosas, que si un ente fiscalizable no alcanza una puntuación mínima de 70 puntos, verá irremediablemente reprobada su respectiva cuenta pública.
Sin embargo, los representantes populares tendrán un aprieto si pretenden aplicar a rajatabla el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que establece que la Comisión de Finanzas y Fiscalización no podrá recibir propuestas de solventación de las observaciones y recomendaciones emitidas por el OFS.
Los aprietos van a existir porque hay casos en los que el OFS se vio imposibilitado de auditar estados financieros, algunos de ellos casi completos. Y no es que haya sido negligencia de los órganos fiscalizables entregar su información, sino porque las autoridades entrantes obstaculizaron la entrega de esa información. Es el caso, principalmente, de los ayuntamientos.
Hubo casos irresponsables, como el de Jorge Corichi Fragoso en la capital, que acusó desvíos millonarios de recursos económicos por parte de las autoridades municipales salientes, y demandas laborales que debían pagarse en el corto plazo, por lo cual anunció que recurriría a las “instancias legales” para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables.
Incluso, garantizó que su administración cubriría las deudas heredadas, sanearía las finanzas públicas municipales y pondría orden administrativo. Eran los tiempos en los que Corichi Fragoso emulaba al presidente Andrés Manuel López Obrador al realizar conferencias mañaneras que pronto, sin embargo, tuvo que abandonar.
La irresponsabilidad con la que emitía información, sin mostrar evidencias y sin presentar denuncias penales como lo prometió, ocasionó que Jorge Corichi como presidente municipal tuviera una rápida y profunda erosión, que todavía hoy padece.
Ese tipo de casos se reprodujeron en varios municipios más, sólo que sin atención mediática porque la mayoría de los casos se manejaron soterradamente.
Habrá qué ver si estos alcaldes entregaron información solicitada por las autoridades salientes, para a su vez entregarla al OFS, o si obstaculizaron su entrega por motivos netamente políticos. Si esto último se presentó, el órgano fiscalizador debería actuar en consecuencia a través de procedimientos administrativos que repercutan en posibles sanciones a servidores públicos.
También, sin embargo, las legisladoras y los legisladores que integran la Comisión de Finanzas y Fiscalización, tendrán que dilucidar en qué casos hubo verdadera negligencia por parte de las autoridades salientes y en qué otros más hubo obstaculización de las entrantes. Si fuera este último el caso, debería obligadamente haber apertura para recibir posibles solventaciones.
De no ser así, es muy probable que el Congreso del estado se enfrente a tediosos y largos juicios legales, ya de por sí muy probables por su omisión legislativa de no dictaminar, a finales del año pasado, las cuentas públicas de las autoridades que concluyeron sus responsabilidades en agosto de 2021.
