Marco Antonio Ferriz Z.
La Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado decidió abrir un periodo de audiencias a ex titulares o titulares de los entes fiscalizables, con el propósito de que aclaren dudas que las y los legisladores locales tengan con respecto a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021.
Lo hará solo en aquellos casos donde existen dudas fundadas sobre el sentido del informe elaborado por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) o porque hayan existido elementos externos al proceso de revisión que impidieron la correcta presentación de los estados financieros.
Conforme han salido a la luz públicas los informes del OFS, se ha confirmado la existencia de irregularidades financieras millonarias, principalmente en las autoridades municipales salientes. Sin embargo, no se quedan atrás diversas instituciones públicas pertenecientes al Ejecutivo.
Y cual paradoja, en estos tiempos del no robar, no mentir y no traicionar, a las actuales autoridades estatales y municipales también les fueron detectadas irregularidades financieras que, en conjunto, suman varios millones de pesos. Así que nadie se escapa, no importa la filiación política.
Solo que hay un hecho que no debe soslayarse: hay ex autoridades que por diferentes motivos enfrentaron dificultades para entregar información comprobatoria ante el OFS. Los casos se observan, sobre todo, en los municipios. Pero no son muchos.
Los informes individualizados del OFS ya pueden ser consultados a través de su página electrónica y ahí pueden observarse los casos en que algunas autoridades salientes tuvieron dificultades para comprobar. Un ejemplo claro de ello es la capital.
En la página 69 del informe correspondiente a Tlaxcala, puede leerse lo que el OFS entregó a los diputados: “… no obstante de hacer las gestiones con oportunidad ante la administración municipal actual, no les fueron entregadas las copias certificadas solicitadas para presentar su propuesta de solventación, por lo anterior, solicitaron al Órgano de Fiscalización Superior, que requiriera al Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, las copias certificadas que los ex servidores públicos habían solicitado, y, a su vez, fueran remitidas a esta Institución, con el fin de que dichos ex servidores públicos las integraran a su propuesta de solventación”.
Y, efectivamente, después de mucha insistencia el actual ayuntamiento entregó diversa documentación certificada, pero la entregó tarde e incompleta. No se saben los motivos de la administración de Jorge Corichi, pero lo que sí puede demostrarse es que su tesorería actuó de manera irregular, tal vez porque la persona que ahí fungió del 01 de septiembre de 2021 al 19 de enero de 2022 no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Constitución Política y 78 fracción I de la Ley Municipal para ocupar el cargo.
Por supuesto que no todos los casos son como el de Tlaxcala. Existen municipios donde las ex autoridades actuaron con verdadera irresponsabilidad y es ahí donde la Comisión de Finanzas y Fiscalización debe actuar con rigor.
Donde el Congreso deba reprobar cuentas públicas y ordenar al OFS la interposición de denuncias públicas debe hacerlo, sin embargo, seguramente habrá casos como el aquí descrito en donde sí existe verdadero motivo para escuchar en audiencia a las ex autoridades implicadas, y dárseles oportunidad de solventar.
No hacerlo por motivaciones políticas acarreará problemas jurídicos que desde hoy pueden ser evitados.
