Marco Antonio Ferriz Z.
Pese a los esfuerzos gubernamentales, particularmente de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, Tlaxcala no entregó buenas cuentas en materia de seguridad pública al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Dos razones hay para afirmar lo anterior.
Primero, que en el último trimestre correspondiente a julio-septiembre de este año, la percepción de seguridad en el estado disminuyó con relación al trimestre abril-junio, al pasar de 53.1 por ciento a 59.1 por ciento. Es decir, 6 de cada 10 tlaxcaltecas no se sienten seguras ni seguros, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Segundo, que apenas el 46 por ciento de los 2 mil 328 policías municipales que existen en el estado cuentan con el Certificado Único Policial. Es decir, más de la mitad de elementos policiales no cuenta con habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar su función.
Si lo anterior no es grave, qué puede serlo a más de un año de haber iniciado su periodo constitucional las actuales autoridades municipales.
La percepción de inseguridad de las y los tlaxcaltecas está plenamente justificada por más que el secretario de Gobernación Adán Augusto López, haya venido a darle a la gobernadora unas palmaditas sólo porque otras entidades exhiben mayores rezagos que Tlaxcala.
Además, hay que decirlo, la gira de trabajo realizada en todo el país por el secretario de Gobernación no tiene justificación alguna, por más que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sea el principal interesado en que el ejército esté en las calles realizando funciones policiales hasta 2028.
En poder del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados 18 Legislaturas locales, no existe ningún avistamiento de problemas para que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión sea avalada. Se necesitan 17 Legislaturas para que esa reforma sea promulgada.
Por eso la reunión de Adán Augusto López con diputadas y diputados locales no tiene justificación. De hecho, representa el pretexto ideal para que el funcionario federal realice campaña en busca de la candidatura de Morena a la presidencia de la República, con la autorización de su jefe, el presidente López Obrador.
No solo eso, es también el pretexto para intentar disminuir esfuerzos y autoridad a las gobernadoras y gobernadores de oposición, ante sus gobernados. Basta recordar que desde hace días el secretario de Gobernación ha realizado una crítica continua a las autoridades de Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León en materia de seguridad.
Esos son los tiempos inaugurados por López Obrador al destapar desde hace un año a sus “corcholatas”, lo cual no es de extrañar cuando el jefe del Ejecutivo se encuentra en campaña permanente, desde sus mañaneras, para dar continuidad a su gobierno.
En la misma sintonía se encuentran la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quienes al igual que el secretario de Gobernación han sido señalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por violar la ley al asistir a actos de apoyo en las campañas de candidatos morenistas en diversas entidades de la República. En esa misma circunstancia se encuentra la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la complacencia del Congreso del Estado.
Por eso mismo, lo que hoy vemos en Tlaxcala y en el país se parece más a un acto de publicidad que a verdaderas intenciones por mejorar. La realidad desmiente a nuestras autoridades.
