Adriana Dávila Fernández
Nuestro país se ha convertido en una caja de resonancia de números negativos que el habitante de Palacio Nacional se niega a ver o minimiza; se resiste a aceptar que su gobierno está rebasado, pues prefiere predicar su narrativa cotidiana contra el pasado conservador y justificar, según sus datos, que en «su México, todo va requetebién».
Son preocupantes los casos relacionados con temas que más interesan e importan a la población, como salud, trabajo, economía familiar, seguridad, entre otros. Quizás uno que duele mucho tiene que ver con la falta de suministros médicos para los niños con cáncer.
Según lo han reportado notas periodísticas, en lo que va de esta administración suman ya alrededor de 20 mil infantes que padecen el grave desabasto de medicamentos oncológicos. Niñas y niños día con día dan la batalla para vencer la enfermedad, y lo único que requieren es que el Estado asuma la responsabilidad de velar por su salud.
No obstante, con la preocupación y el dolor de saber el malestar físico de los hijos, los padres y las madres de los niños afectados, inclusive los mismos pacientitos, han expresado de manera directa al presidente, mediante videos y manifestaciones, que «por favor ordene la compra de los medicamentos».
El titular del Ejecutivo, con el cinismo e indolencia propios de su poder y desde su tribuna justiciera, asegura que no hay desabasto. Es lamentable que después de 380 días evada la responsabilidad y niegue la carencia de los químicos necesarios para los tratamientos de oncología.
Esto pasa desde que el presidente ordenó a Morena y sus aliados, con la falsa bandera de «austeridad y combate a la corrupción», reorientaron el presupuesto 2019 y 2020 a su causa político electoral –en la repartición discrecional de dinero público–, para asegurar el voto del 2021 de todos los que integran los padrones de sus programas sociales, sin importar la salud pública.
Con su limitada visión, obsesionado por borrar el pasado neoliberal, prefirió acabar con el Seguro Popular e interrumpir tratamientos médicos de la manera más efectiva: sin la existencia del medicamento en centros de salud como en el Instituto Nacional de Pediatría, el Centro Médico Nacional «La Raza» o en diversos hospitales de las entidades federativas.
Más aún, so pretexto de actos de corrupción, creó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), que apenas vio la luz, entró a terapia intensiva porque no funcionó y se explicó a los derechohabientes que hasta diciembre funcionaría. No se trata de una carrera de resistencia para salvar vidas, sino de aplicar tratamientos oportunos, rápidos y eficaces. Pretender otra cosa es simplemente una vil muestra de insensibilidad presidencial.
El colmo de los pretextos es que derivado de la pandemia por Covid-19, se hayan visto interrumpidos los protocolos de las quimioterapias. ¡Es increíble cómo se justifican las autoridades de salud! Muchas vidas inocentes ha cobrado la incapacidad del gobierno, al que los nombres de Alexis, Ana Lucía (que tuvo que ser tratada en Suiza), Marianita, entre otros muchos, le resultan irrelevantes, porque la niñez no es parte de su lucrativo listado electoral. ¿Cuánto padres, madres, niñas y niños tienen que seguir suplicando para que el presidente atienda su preocupación?
Lo cierto es que la situación de la salud pública infantil está desbordada. A lo anterior, se suma el hecho de que alrededor de 700 mil niñas y niños no han sido vacunados contra el sarampión, paperas y rubéola (triple viral); difteria, tétanos y tosferina (DTP), tuberculosis (BCG), entre otras. Son varias las entidades federativas, incluida Tlaxcala, que no cuentan con las vacunas. Tenemos que exigir atención sanitaria para la niñez, porque está en riesgo el futuro del país.
