Marco Antonio Ferriz Z.
Como ya se ha hecho costumbre en los últimos meses, las gobernadoras y gobernadores afines al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se han plegado a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La última vez sucedió apenas este 10 de mayo para expresar, a través de un desplegado, su apoyo a la propuesta de presentar una reforma al Poder Judicial, con el objetivo de que las ministras y los ministros sean elegidos a través del voto popular.
Atrás de ese pronunciamiento se encuentra la inconformidad a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral. La presión sube niveles y al planteamiento original del presidente de la República se suman ahora las gobernadoras y los gobernadores del país que llegaron postulados a través de los partidos políticos identificados con la 4T.
A falta de argumentos propios, utilizan los mismos términos que López Obrador usó en su mañanera del martes, es decir, que las y los ministros privilegiaron “los intereses del viejo régimen, en lugar de representar la voz del pueblo, representado en las Cámaras”.
Es muy posible que las gobernadoras y los gobernadores tengan que firmar más desplegados en el futuro, sobre todo porque el razonamiento utilizado por la mayoría del Pleno de la Corte seguramente se repetirá con la segunda parte de la reforma electoral y con las recientes leyes aprobadas sin rubor alguno en San Lázaro y en el Senado.
No por eso debe dejarse pasar la actitud antidemocrática que reflejan quienes firman el desplegado. Es cierto, respaldan a su líder López Obrador, pero atrás de ese respaldo se curan en salud por lo que pudiera sucederles en un futuro tal vez no muy lejano.
Así como el presidente ha demostrado un absoluto control de las y los legisladores federales de la 4T, lo mismo que una vergonzosa actitud de quienes ocupan esas curules, así también quienes ocupan las gubernaturas pretenderán hacer lo mismo en sus respectivas entidades federativas con los Congreso locales.
Todo se va replicando. Por eso este tipo de desplegados de ninguna forma deben pasar desapercibidos. Descubren tras de sí un pretendido control absoluto para ejercer el poder sin controles, o con los menores controles posibles.
Ya ha sucedido en Tlaxcala con la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de este año, en el que la gobernadora doblegó a los más aguerridos legisladores locales que querían para sí recursos económicos a fin de utilizarlos en sus pretensiones de reelección o de buscar una presidencia municipal.
Mejor ejemplo de esto último lo representa el diputado Miguel Covarrubias, quien hoy en día se ve atado de manos no sólo para sus fines particulares de reelegirse o de saltar a un cargo de elección popular federal, sino también para no cumplir sus propósitos de ayudar presupuestalmente a su hermano, el alcalde de Texoloc, Arturo Covarrubias.
Así que entre mayor control tengan las y los gobernadores provenientes de la 4T, mayor será la molestia que tengan ante instituciones que limitan su poder, o que sirven como contrapeso a sus determinaciones. Ojalá nos acostumbremos a esto último ante los pretendidos tiempos de tener un Tatloani todo poderoso.
