Marco Antonio Ferriz Z.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estará este viernes en Tlaxcala. La última vez que lo hizo fue en febrero de 2021, cuando inauguró la primera etapa de un nuevo plantel de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, ubicado en el municipio de Xaltocan y enfocado en la formación de ingenieros especializados en medio ambiente. Ahora encabezará una reunión en la que se hablará sobre los programas del bienestar.
Aquella última gira de trabajo, en febrero, la hizo en pleno proceso electoral, dos semanas después de haber dado positivo a una prueba de coronavirus, obligándose a una cuarentena de dos semanas. Ahora, vaya paradoja, la nueva visita se hace en condiciones similares, particularmente en un periodo de prohibición para promocionar obra pública, pero en esta ocasión por motivo de la consulta popular a desarrollarse el 1 de agosto.
Con veda o no, el presidente ha hecho lo que le ha venido en gana, violando la ley una, dos y más veces. Pues bien, ese afán de retar a una institución autónoma el Instituto Nacional Electoral (INE) ha contagiado a sus colaboradores de gabinete.
Apenas este miércoles el INE ordenó al gobierno de López Obrador retirar o modificar una transmisión de su conferencia matutina correspondiente al pasado 19 de julio, después de que la subsecretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer la estrategia de incorporación de personas mayores de 65 años a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, lo cual constituyó difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
Es claro que el presidente de la República no se esfuerza cuando exige a los demás lo que no hace. Es parte de su naturaleza política. Tal vez por esa especialidad de ver la paja en el ojo ajeno, es que en la campaña pasada exigió a los gobernadores no meterse a las campañas y evitar el desvío de recursos públicos a favor de sus candidatos. Aunque él sí lo hizo.
Muestra de ello es que apenas esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que López Obrador vulneró el principio de imparcialidad en la elección de este año, celebrada en junio. La última ocasión que el tabasqueño lo hizo fue el 23 de diciembre pasado, cuando dijo que la coalición electoral conformada por el PAN, el PRI y el PRD representaba al antiguo régimen y que esos institutos políticos se unieron para evitar que su proyecto tuviera mayoría en el Congreso de la Unión.
El más reciente fallo del TEPJF se dio apenas el pasado 14 de julio, cuando por cuarta ocasión la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional resolvió que López Obrador violó la ley electoral, dos a través de expresiones realizadas en las conferencias matutinas y dos más en otro tipo de eventos.
Sus discursos de advertencia en campaña cumplieron su cometido en el sentido de espantar a los gobernadores de aquellas entidades federativas donde fue renovada la gubernatura. Fue el caso de Tlaxcala, donde Marco Antonio Mena practicó la política del avestruz, ocultando la cabeza del exterior cuando no debía hacerlo. Así le fue a su partido el 6 de junio pasado, algo muy similar a lo que le sucedió en 2018.
Ahora, con una nueva estrategia de manipulación bajo el brazo, el presidente pretende hacer creer a los mexicanos, entre ellos a los tlaxcaltecas, que la consulta del próximo 1 de agosto servirá para decir “SÍ” a un juicio a los ex presidentes para que respondan ante la ley. Nada más lejos de la realidad que una pregunta de esa naturaleza estará en la boleta de la consulta, sin embargo, ese es el discurso de manipulación que hoy en día se da una y otra vez desde el púlpito de las conferencias mañaneras.
Mientras eso sucede, un gobernador que se dejó azuzar en el último tramo de su gobierno, dejará el cargo el último día de agosto próximo. Lo hará, como lo fue desde los resultados electorales de 2018, con un discurso de conciliación política hacia el presidente, a la espera de que nada empañe su administración tratándose de asuntos de corrupción o malos manejos financieros.
En esa realidad que vive nuestra Tlaxcala actual, se aproxima un nuevo gobierno estatal que, ante un presidente fuerte y autoritario como no se veía en décadas, coincidirá y respaldará decididamente las políticas gubernamentales federales y aquellas sucesorias que se avecinan para las elecciones de 2024. El más reciente encuentro entre gobernadoras electas y la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es el último ejemplo de ello. Eso no augura mucho bueno para el estado.
