Adriana Dávila Fernández
Las Cámaras de Diputados y Senadores tuvieron sus sesiones extraordinarias el pasado 29 de julio, en el marco de un ejercicio de gobierno desastroso -entre otros muchos aspectos- en materia de salud pública, debido al desabasto de medicamentos, equipos y materiales médicos, ya evidentes antes de la emergencia sanitaria por Covid-19. Morena y sus aliados, más los agregados del Revolucionario Institucional, conversos de último momento, aprobaron la modificación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para dar facultades excesivas a la autoridad federal en la adquisición de suministros sanitarios en el extranjero de forma directa; es decir, sin una licitación internacional de por medio. El Poder Ejecutivo lo decidirá.
En nombre del combate a la corrupción, solo se busca enmascarar las graves omisiones de la administración pública que, con todo y las recetas de decálogos discursivos que no son funcionales para el personal médico y mucho menos para los pacientes que reclaman servicios y medicamentos de calidad, se sigue poniendo en juego la vida de las y los mexicanos.
Si bien hemos escuchado el compromiso presidencial de reactivar la economía, nunca pensamos que se refería a la economía internacional, a pesar de la fallida acción del gobierno para enfrentar la pandemia, que cuenta ya con alrededor de 46 mil defunciones. Con lo recién aprobado, la cadena productiva de la industria nacional de salud del país está en riesgo, sobre todo las aproximadamente 100 mil fuentes de trabajo de personas de este sector.
Llevamos ya un largo tiempo en el que las y los legisladores del presidente siguen en la dinámica de obedecerlo ciegamente: «Bendito chasquido. El presidente ha mandado esto, nosotros los de Morena, los de la coalición, en el Parlamento, estamos dispuestos totalmente para apoyar al presidente…¨, palabras del senador de Morena, Rubén Rocha.
Y esto es resultado del «reclamo fraterno» que la semana pasada hizo el primer mandatario a los coordinadores parlamentarios que no lograron imponer las leyes de su interés. Con esta aprobación, hemos sido testigos del sometimiento del poder legislativo solo por el chasquido del Ejecutivo. Lamentable.
Ante el caos que propiciaron la soberbia, ineptitud e indolencia, nada mejor que culpar al pasado en todo momento y modificar la ley para que entre por la puerta legal la discrecionalidad en la asignación de contratos y la posible reedición de historias engarzadas de corrupción, como «los respiradores de mi hijo«, escrita por Manuel Bartlett, o «el tráfico de ligas«, trama original de René Bejarano.
Distintas voces del oficialismo legislativo han buscado justificar lo injustificable de su decisión con el argumento de que en el pasado había falta de transparencia. Con lugares comunes en la defensa, resulta que ahora «sí hay claridad en lo que estamos aprobando, no vengan aquí a decir que no lo estamos haciendo, por eso la iniciativa pretende asegurar que las adquisiciones cumplan con los principios constitucionales«, según la senadora Malú Micher. Además, se dijo que la medida es un golpe directo contra la corrupción, porque en las administraciones anteriores solo se buscaban negocios jugosos y el lucro con las necesidades de salud. Y como remate, el temerario juicio del «no somos iguales«.
Si la queja era que antes no había seguimiento o se simulaba que la normatividad permitía el abuso y el lucro con las medicinas, pues hoy quítese lo que estorba, nada de reglas a seguir, nada de licitaciones internacionales. Viva la opacidad.
Cierto que en verdad no somos iguales. Son cínicos, descarados y deshonestos quienes buscan legalizar la opacidad, el conflicto de interés y las asignaciones directas. Olvidan que las decisiones tomadas por la incapacidad de la autoridad federal son formas corruptas de gobernar.
