Marco Antonio Ferriz
Desde días pasados, dentro de los pasillos gubernamentales, ha comenzado a correr el rumor sobre posibles cambios en el gabinete de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Son varios los nombres que se manejan, pero destacan dos de entre ellos: Sergio González Hernández, secretario de Gobierno; y Rigoberto Zamudio Meneses, secretario de Salud.
A la luz de los resultados que ambos funcionarios han entregado durante los primeros ocho meses de esta administración estatal, las salidas podrían ser justificadas.
Por ejemplo, en el caso del secretario de Gobierno los sucesos del pasado domingo en Xicohtzinco lo rebasaron por completo. Ocho meses ha tenido esa dependencia para encontrar una solución al conflicto poselectoral de ese municipio y no ha sido capaz de encontrar una salida política a la problemática. El resultado: dos personas muertas.
Ningún conflicto vale la vida de una persona. Y ya son dos vidas las que ese conflicto se lleva. En esa circunstancia, lo que mejor procedería es la desaparición del ayuntamiento para instalar en su lugar a un concejo municipal que retome las riendas del municipio y éste regrese a su normalidad lo más pronto posible.
De las vidas que ha cobrado el conflicto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe llegar a sus últimas consecuencias. Ojalá lo haga y las muertes no vayan al olvido, para lo cual bien puede ayudar la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Pero mientras eso sucede, lo cierto es que existen funcionarios responsables en la falta de solución al conflicto.
Uno de esos funcionarios es el secretario de Gobierno, pero también algunos otros que le acompañan, señaladamente el director de Gobernación, Mario Cervantes Hernández. ¿Qué ha fallado durante todo este tiempo en el caso de Xicohtzinco?
El problema es que el de ese municipio no es el único conflicto en el se ha mostrado ineficacia e inoperancia. Ahí están los casos de Mazatecochco y de Amaxac de Guerrero, donde por momentos los problemas han rebasado a las autoridades municipales.
Si ese tipo de incapacidad es la que obliga a un movimiento en la Secretaría de Gobierno, bien le vendría el cambio a la gobernadora para ubicar a personas que efectivamente le resuelvan conflictos, y no le hagan ruido a su administración.
En el caso del secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses, es claro que desde hace meses se le asocia en una supuesta traición a la gobernadora por el hecho de sostener acuerdos con la lideresa de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), la también diputada local Blanca Águila Lima.
Negociar y acordar con alguien que no coincide con las políticas gubernamentales no significa, de ninguna manera, traición alguna. El diálogo y el acuerdo son necesarios para que las políticas gubernamentales planeadas por el gobierno en turno, en este caso el gobierno lorenista, vayan ejecutándose lo mejor posible.
Las rispideces que ahora mismo existen entre la autoridad estatal con el Sindicato y los trabajadores del sector salud, debido al cambio de contratación a IMSS Bienestar, son naturales derivadas de la incertidumbre laboral. La certidumbre deberá venir, sobre todo, de la federación.
Sin embargo, acaso algo puede achacársele al secretario de Salud, es no pertenecer a uno de los grupos políticos que internamente existen dentro del gabinete y que desde ya se disputan futuras candidaturas a cargos de elección popular.
Zamudio Meneses pertenece a un grupo político ajeno totalmente a los que existen en Tlaxcala, incluido el de la propia gobernadora. Más bien, su presencia se debe a compromisos de la mandataria estatal con el gobernador poblano Luis Miguel Barbosa. Por eso mismo, si su salida se avizora como un hecho en el corto o mediano plazo, la respuesta debería estar en empezar a dar cargos a los grupos políticos locales que desde el inicio de la actual administración piden a gritos y no se les ha respondido favorablemente. Más claro: los morenistas locales piden lo suyo y la gobernadora no les ha cumplido.
