Adriana Dávila Fernández
Diputada federal
Para los que se ostentan como «transformadores de la vida nacional«, todo aquello que no se ajusta a la normatividad previamente modificada, aprobada y difundida por su patriarca, busca la forma de recriminar y, en su caso, amenazar a los que osan pensar diferente. No desaprovechan ningún espacio para dejar claro el mensaje de que solo debe prevalecer su verdad, sus propios datos; palabrería que no es más que muestra de incongruencia y de posturas tan radicales que solo buscan la polarización social.
Uno de los órganos que no ha cedido y no se ha sometido al engranaje de conveniencias presidenciales es el Instituto Nacional Electoral; será por ello que, desde hace poco más de dos años, se ha convertido en el blanco perfecto de ataques y embestidas del presidente y su partido, los cuales no pueden ocultar el resentimiento que le tienen a la institución desde mucho tiempo atrás… Y todo por cumplir con la ley. Nunca como ahora se había lanzado una campaña tan mentirosa desde la presidencia contra el INE.
Ya sea con los dichos del propio inquilino de Palacio Nacional o los de cualquiera de sus mensajeros, el Instituto ha recibido graves y peligrosos señalamientos, acusaciones y descalificaciones que obedecen al delirio del «complot», sin duda son arbitrariedades del poder en contra del árbitro, al que ahora acusa de «censurar y limitar» lo que puede decir durante el periodo de campañas.
En esta semana, la mensajera fue la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aprovechó el arranque de impresión de las boletas electorales en los Talleres Gráficos de la Nación, para protagonizar un duelo de indirectas directas con el Consejero Presidente del INE; le señaló que «el árbitro no busca el aplauso del público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es clara: por definición, el árbitro es neutral o no es árbitro… Siendo una neutralidad una obligación de los gobernantes, también lo es de las autoridades electorales administrativas y judiciales…».
El funcionario electoral respondió que «aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos y actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral… también tenemos claro que autonomía no significa autarquía, por eso mantenemos relaciones de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano”.
Aún con pleno conocimiento legal, la secretaria evadió su responsabilidad de poner un alto a la indebida intervención presidencial en el proceso electoral; olvidó que el gobierno no puede tomar partido y sabe perfectamente que las y los mexicanos no necesitan un guardián a modo de las elecciones, ya que existe un órgano colegiado de decisión institucional en materia político electoral.
Es un hecho que la autoridad electoral debe dar garantías y certeza no sólo a las y los ciudadanos, sino a quienes participan en la contienda, por lo que de ninguna manera debe responder a la voluntad presidencial. Tal parece que es mejor para el mandatario -su emisaria, sus candidatos, legisladores y el dirigente de su partido- desconocer que el entonces IFE se creó para dejar fuera de las manos de Gobernación, las elecciones de este país, consecuencia de una larga lucha de las principales fuerzas políticas, por respetar el voto ciudadano y lograr la democracia.
México es un país plural y desde que existe el INE, ha sido posible la alternancia. No podemos permitir que se pierda su independencia y autonomía. La autoridad debe hacer solo lo que la Constitución y la ley le obligan. Solo así, el árbitro independiente podrá garantizar contiendas equitativas e imparciales.
