Por Miguel Ángel López Farías
La investigación de mis compañeros Alejandro Jiménez y Saúl Hernández reporteros de El sol de México es reveladora, el mapa criminal en el país devela lo que en el gobierno de Morena no mencionan, que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en todo el territorio, con excepción de Sinaloa, plaza del Cártel del Pacífico, el reporte elaborado por la firma Lantia Consultores y que es base de este trabajo periodístico pone en el tablero la acuarela siniestra de una realidad que en muchos sentidos refiere al nulo resultado de cualquiera de las políticas de seguridad y combate al crimen que en esta administración y las anteriores han efectuado.
Nos enteramos también de la presencia del CJNG en calles del centro histórico del país, en un acto de desplazamiento de los otros membretes de la Unión, anti unión y anexas; estamos tan acostumbrados a esta «normalidad» criminal que hemos aprendido a verla como parte del «ser nacional», tan es así que la estampa impensable en cualquier otra nación de un presidente dándole la mano a la madre de unos de los narcos más poderosos y sanguinarios se convirtió en solo un acto anecdótico por no mencionar la liberación de Ovidio Guzmán, en medio de la amenaza de una carnicería por parte de sus sicarios.
El CJNG, no es solo un grupo criminal, los niveles de operación son tan sólidos que hablar de su presencia en el país se ha convertido igual que hablar de la apertura de oxxos en cualquier colonia o rancheria, lo que hace suponer que no solo son eficaces para imponer sus hombres y armas, sino que la protección con la que cuentan los convierte en intocables y aquí se esconde la pregunta más valiosa: ¿cuántos ámbitos de gobierno, sean políticos, policíacos o hasta militares, se encuentran entrelazados con un cártel tan robusto como el de Jalisco?
Sería ingenuo creer que llegaron solitos a esos niveles, de la mano del «mencho», y que han podido desplazarse, operar, instalarse, quitar a los otros grupos criminales con la pura bendición y buenos oficios de sus operadores.
Esta situación debería ser respondida por el gobierno de Morena, se muestra como un narco estado pues basta con mirar los brutales niveles de violencia y muerte que en este par de años se han disparado en todo México.
No han sido de la agenda pública debido a que el tema lo domina el covid-19, debería encender todas las alarmas por lo que se asoma como la derrota de una promesa de campaña que el mismo mandatario realizó; acabar con los cárteles, con la siembra y trasiego de enervantes pues no estamos hablando de la choteada frase de «abrazos, no balazos», sino del peso real que los narcos han tenido desde hace décadas y que por derecho de antigüedad se han apropiado del control de la vida en México, incluyendo a muchos políticos que sencillamente se han dejado envolver por la calidez de muchos millones de dólares que esta actividad deja.
No se requiere ser un genio para concluir que la colocación, fortalecimiento y permanencia de un cártel (igual que cualquier empresa) se debe a su capacidad de operación, financiamiento y buenas relaciones públicas.
Si teníamos la duda del porqué una «empresa» como el CJNG se ha diseminado por todo el territorio nacional, basta con asomarnos a su capacidad para corromper a cualquiera que se le pare enfrente o le de la mano.
No es regaño, es picotazo político
