Por: Adriana Dávila Fernández
«Todos los demagogos invocan una Constitución,
pero tienen por símbolo el sable y el despotismo».
Jesús Reyes Heroles
Desde los distintos espacios de representación morenista, federales o locales, sean los legislativos o las dependencias de gobierno, es notoria la ambición de poder público que tiene y que por tanto tiempo ha criticado como uno de los males del neoliberalismo. No puede ni quiere dialogar y llegar a acuerdos. Hace eco constante a lo que cotidianamente se pregona desde Palacio Nacional: «Si no estás conmigo, estás en contra de la transformación y del movimiento«.
Morena no ha buscado construir con sensibilidad y en condiciones de igualdad para enfrentar la crisis sanitaria, con casi 580 mil personas contagiadas y más de 62 mil fallecimientos por Covid 19; no ha instado al Ejecutivo a actuar en beneficio de la población, a pesar del desplome histórico de la economía, según el INEGI, del 18.7% y de la pérdida de alrededor de un millón 200 mil empleos formales; y se ha cruzado de brazos ante la falta de estrategia federal para controlar el incremento de la inseguridad pública, que reporta más de 16 mil muertes violentas de enero a junio de este convulso 2020. Es increíble que vea la realidad en datos, justifique lo indefendible y no le mueva la responsabilidad de trabajar y exigir al gobierno federal una verdadera política pública.
Poco ha hecho para atender el miedo y la incertidumbre de los habitantes ante un futuro que derrama problemas por todos lados y que no ven resueltos sus problemas, con bienes y servicios públicos de calidad.
Ejemplos del contagioso síndrome de la destrucción e imposición hay muchos y en distintos frentes. Mencionaré los recientes que, curiosamente, se han incrementado ante la comprobación de actos ilícitos y de corrupción en el círculo familiar del presidente. Esta manera de proceder no es nada nuevo; los actos corruptos siempre han sido un secreto a voces que ahora las evidencias se hacen públicas, porque, ni cómo negarlo, la ruta del dinero lleva directamente al mesías tropical.
Se anteponen pretextos para callar las voces críticas. Se simula libertad de expresión, pero en el caso de la revista Nexos, se impone la censura por métodos que comprometen la credibilidad en las instituciones, como es la abusiva desproporción en la aplicación de multas. Autoritarismo para imponer la justicia selectiva, en la reedición de los López (Portillo y Obrador): «no pago para que me peguen«.
Previo a la rendición de cuentas que por ley debe darse a las y los mexicanos el próximo primero de septiembre, hoy tenemos al aire una serie de spots que exaltan una figura presidencial autoritaria -como si fuera candidato en plena campaña electoral-, de engañosos resultados. Ante el derrumbe de la economía familiar, se presenta «el vendedor de esperanzas», con cargo de mandatario, para invitarnos a comprar «un cachito de prosperidad» con el Sorteo Magno de un avión que dice rifar, pero que no se va a entregar… falsa promesa que será incumplida y que ocupa a la Administración Pública Federal.
En lo legislativo, son preocupantes las acciones permanentes para borrar a los adversarios políticos. Esto significa atropellar la democracia, burlar el estado de Derecho y romper el equilibrio de poderes. Lo anterior bien se ilustra en los casos de Baja California con la Ley Bonilla; en Baja California Sur, con la «destitución» de legisladores del PAN, del PES y del Humanista, o como todo parece indicar, el otorgamiento al PT de la Mesa Directiva para el tercer y último año de ejercicio de la actual legislatura federal, cuando por la votación del 2018, le correspondería al Partido Revolucionario Institucional. Se busca eliminar a las voces disidentes para imponer los puntos de vista de la mayoría artificial que se ha construido con otras fuerzas políticas. En nombre de la democracia, solo autoritarismo.
